Informe Especial: así avanza la restitución colectiva en el departamento del Putumayo

Hasta el hermoso jardín de la Amazonía, Puerto Leguízamo, Putumayo, llegó un grupo interdisciplinario de profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras para realizar socialización del Decreto Ley 4633 de 2011, con 22 autoridades.

Se trata del Resguardo Predio Putumayo, en el cual habitan 13 comunidades de los pueblos Murui, Kichwa y Coreguaje, en lo que corresponde en la jurisdicción del departamento del Putumayo, que avanzan en el proceso de construcción de su estudio preliminar y que hacen parte de los 17 casos colectivos priorizados para el año 2022, con el fin de adelantar el procedimiento administrativo de protección preventiva de sus derechos territoriales sobre 273.266 hectáreas y 2.408 metros cuadrados, ubicadas desde la cabecera municipal de Puerto Leguízamo, entre los ríos Putumayo y Caquetá, hasta la frontera con el departamento de Amazonas.

Ellos, como muchos de sus coterráneos en el departamento, pretenden salvaguardar su cultural y sus territorios, con las herramientas legales que les brinda el estado, a través del apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras.

Putumayo, como parte de la Amazonía colombiana, es uno de los departamentos más ricos, no sólo en especies de fauna y flora, si no también, culturalmente por las comunidades que conviven. Se conoce que, en esta jurisdicción, más del 18% de la población, lo que equivale a cerca de unas 30.000 personas, está caracterizada como indígena. Y otros 11.000 habitantes son afrodescendientes. Es por ello, que el accionar del área étnica de la territorial Putumayo, cubre la totalidad del territorio, desde el municipio de Santiago, hasta Puerto Leguízamo.

Así mismo, tampoco es un secreto la lucha constante que estas minorías tan representativas sostienen por el reconocimiento de sus derechos territoriales, puesto que, en el marco del conflicto armado, durante años, fueron violentados de múltiples maneras por diferentes actores. Indígenas y afrodescendientes fueron confinados, asesinados, amenazados, desplazados, por lo que salvaguardar sus derechos es una prioridad y fortalecer su cultura es determinante.

Todas las dinámicas en las que se ha visto involucrado el departamento, los han afectado tanto, al punto que sus raíces empiezan a debilitarse. No obstante, su valentía y resiliencia han sido sus cualidades.

Predio Putumayo, son sólo 13 de las 160 comunidades -aproximadamente- que tiene como meta atender el área étnica de la entidad en el departamento; en razón a que en cerca de tres años del compromiso adquirido por la Unidad de Restitución de Tierras, ante la Minga Indígena realizada en mayo del 2019, el equipo se ha fortalecido con la contratación de 28 profesionales idóneos y conocedores en áreas sociales, ambientales, catastrales y de derecho, que atienden detalladamente caso a caso para la formulación de las demandas que periódicamente se radican ante los jueces, de conformidad a los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.

En un maratónico esfuerzo, durante este corto periodo de tiempo, la Dirección Territorial Putumayo ha logrado adoptar 127 estudios preliminares; 107 casos cuentan con medidas de protección y 7 con medidas cautelares; 6 casos, entre comunidades indígenas y afros avanzan en caracterización y construcción de demanda, como meta establecida durante este 2022.

El equipo étnico, también ha logrado radicar 21 demandas en los Juzgados Especializados de Restitución de Tierras de Mocoa, de las cuales siete ya han sido admitidas, significando un total de 80.957 hectáreas solicitadas en restitución de los derechos de pueblos indígenas y consejos comunitarios del departamento.

“Nuestra oficina tiene como mantra el fortalecimiento de cada uno de sus equipos para atender debidamente a la población víctima. Es nuestro deber, trabajar de la mano con estas comunidades y consejos comunitarios para luchar por recuperar sus derechos territoriales, promoviendo el acceso a medidas de reparación integral, que permitan la restitución a estas comunidades afectadas por décadas de violencia”, destacó Andrés Rivadeneira Medina, Director Territorial de Putumayo.

“Además, nos proponemos avanzar en la reparación y por ello en cada espacio solicitamos el fortalecimiento también de la rama judicial, aliado primordial, puesto que, con la creación de un Juzgado de Restitución de Tierras en asuntos étnicos, podremos dar celeridad a estos casos que lo requieren para que no sólo se logre la admisión sino también, la sentencia de restitución de derechos territoriales para todas estas comunidades”, agregó.

Actualmente, sólo las comunidades Inga – Selvas del Putumayo; y Siona - Tëntëyá del municipio de Orito, en el bajo Putumayo, cuentan con una sentencia de restitución. Ante este hecho, la Unidad de Restitución de Tierras, trabaja de mano con las entidades que cuentan con órdenes judiciales por cumplir, fungiendo como un articulador permanente para el avance de dicho cumplimiento.