Un trabajo articulado entre las instituciones y el territorio para sacar adelante las sentencias de restitución de tierras, compromiso de ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, ante consejos comunitarios del Chocó
“No podemos construir país sino trabajamos desde los territorios. La institucionalidad debe ir de la mano de las comunidades”, enfatizó la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, en su visita al departamento del Chocó en donde lideró una reunión con 200 personas, representantes de las 43 organizaciones que conformar el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato – COCOMOPOCA.
La reunión, que se adelantó en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes declarado por Naciones Unidas, también contó con la presencia de los líderes y representantes legales de 19 consejos comunitarios del departamento del Chocó, que actual tienen procesos de restitución de tierras en etapa judicial y quienes reconocieron en el espacio una oportunidad para impulsar el restablecimiento de sus derechos territoriales en este departamento.
Con este encuentro se buscó impulsar el cumplimiento, por parte de las instituciones del Estado del fallo de restitución de tierras proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 27 de julio de 2021, en el que se restablecen los derechos territoriales sobre 73.317 hectáreas y se imparten 29 órdenes judiciales más.
El fallo se sustentó en el trabajo que lideró la Unidad de Restitución de Tierras que llegó a los municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui para reunir las pruebas con las cuales estas comunidades afrodescendientes recuperan su territorio ancestral.
En el espacio, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, quien estuvo presente en la reunión, aseguró que los esfuerzos de la entidad están enfocados a que la institucionalidad se pueda abrazar con las comunidades y de esta manera se fortalezca la gobernanza territorial.
Para Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, designado recientemente y quien recibió un canalete por parte del Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, como símbolo del trabajo que debe emprender para impulsar la restitución de las comunidades.
“Los títulos que se les conceden a los pueblos indígenas y a las comunidades negras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A pesar de que se metan al territorio y usufructúen, nunca se pierde la titularidad. Pero si se pierde el uso, el goce, el disfrute y la relación mágico-espiritual con el territorio. Por eso, la sentencia no les devuelve el territorio porque siempre será de ellos, sino la gobernanza sobre él, a través de programas, proyectos y órdenes de reparación” dijo el funcionario.
Como resultado de la reunión liderada por la Unidad de Restitución de Tierras, el domingo 28 de mayo, a la que llegaron los representantes del Consejo Comunitario de COCOMOPOCA y de las instituciones vinculadas en la sentencia se establecieron los siguientes acuerdos, algunos de ellos pactados anteriormente:
El SENA ampliará la oferta de programas técnicos en los municipios de Atrato, Bagadó, Cértegui y Lloró.
Convocar para el 20 de junio de 2023 mesa de trabajo entre el DPS, la ADR, el ICBF, Procuraduría, Defensoría, Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras y las alcaldías de Lloró, Cértegui, Atrato y Bagadó.
El ICBF se reunirá con los representantes del Consejo Comunitario de COCOMOPOCA para establecer la ruta de atención.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá revisar el reconocimiento de las 6.500 hectáreas en la zona interétnica.
Convocar al Ministerio del Interior para que lidere una reunión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para la revaluación de las condiciones de seguridad en el territorio.
El 29 de junio de 2023 se efectuará un diálogo entre la Gobernación de Chocó y el Consejo Comunitario de COCOMOPOCA para realizar un diagnóstico sobre la situación de salud en los territorios.
La historia
Con el fallo la Unidad de Restitución de Tierras logró demostrar ante los operadores judiciales que a esta comunidad afrodescendiente le vulneraron sus derechos fundamentales. Viven en precarias condiciones porque sus necesidades básicas no están satisfechas y hay presencia de grupos delincuenciales interesados en el sostenimiento de sus economías ilícitas en la región.
De esta forma, la Unidad evidenció que la violencia comenzó en este territorio con la presencia de la guerrilla del ELN en 1989 y posteriormente, se recrudeció por los enfrentamientos armados entre las guerrillas, los grupos de autodefensa, narcotraficantes y de manera más reciente con las bandas criminales, quienes en su afán de controlar el territorio para mantener sus economías ilícitas desplazaron al 63% de la población y confinaron al 36% restante. El mayor pico de violencia se dio entre los años 2000 y 2006.
La Unidad evidenció hechos de violencia, como los ocurridos con la toma guerrillera al municipio de Lloró en octubre del año 2000, el asesinato de sus líderes sociales, el reclutamiento forzado, la presencia de minas antipersona, la proliferación de los cultivos de uso ilícito, el tráfico de armas, la tala indiscriminada del bosque, el narcotráfico y la minería ilegal. Con estas acciones delictivas se transformó la vida de una comunidad en la cual sus habitantes vivían de la recolección, la caza y la pesca, así como de un gobierno, cultura y tradiciones propias.
Con el pronunciamiento de la justicia quedaron imprósperas las oposiciones presentadas por las empresas que hasta este fallo ostentaban los títulos mineros que les permitían explotar la riqueza aurífera de la región. Una labor que puede reactivarse si la comunidad integrante de COCOMOPOCA, con el liderazgo del Ministerio del Interior, surte el proceso de consulta previa, que sería el único medio de permiso para emprender acciones mineras dentro del territorio señalado.
Por otra parte, se ordenó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares que operan en este territorio que diseñen y emprendan acciones concretas que permitan acabar con la minería ilegal. Sumado a ello, la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe hacer los estudios correspondientes e impartir las medidas para proteger la vida de los líderes sociales de COCOMOPOCA que actualmente se encuentren amenazados.
En el fallo se impartieron órdenes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional Minera, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó (Codechocó) para que se suspendan las autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento forestal al interior del territorio colectivo de COCOMOPOCA y se deberá reglamentar la explotación forestal en el territorio colectivo, con previa autorización de este.